El ex aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, criticó el uso de fideicomisos público-privados, advirtiendo que se han convertido en "una vía sutil pero peligrosa de privatización encubierta" que evidencia la incapacidad de gestión del gobierno.
"Cada vez que el Estado afirma que no puede operar un servicio o gestionar una infraestructura y lo entrega mediante un fideicomiso al sector privado, está haciendo una confesión pública de que no sabe gobernar. Eso no es eficiencia; eso es rendición administrativa", afirmó Martínez.
Se refirió específicamente al caso del teleférico de Puerto Plata, que pasará a un fideicomiso mixto bajo el argumento de que requiere inversión privada, cuestionando: “¿Por qué no puede hacerlo el Estado dominicano?”. Martínez señaló que “se está institucionalizando esta práctica, no por incapacidad estructural del Estado, sino por falta de voluntad, de visión y de compromiso con el interés nacional. El Estado debe gobernar, no tercerizar su responsabilidad”.
“¿Acaso no se puede crear una gestión moderna, con visión turística, comercial y cultural, que genere empleos, ingresos y desarrollo para el país? Claro que sí. Lo que falta es voluntad y capacidad de gestión”, subrayó.
Martínez sostuvo que esta práctica se está convirtiendo en un modelo de gobierno, alertando que “se institucionaliza la incapacidad del Estado y se normaliza que todo lo que funciona bien debe estar en manos privadas. Eso es peligroso, no solo por la pérdida de control del Estado, sino porque aleja al pueblo de los beneficios que generan esos activos públicos.”
Al mismo tiempo, aclaró que no se opone a la participación del sector privado, pero destacó que los beneficios deben llegar al pueblo dominicano, y no únicamente a grupos de inversionistas. “Que nadie se equivoque. Este país necesita inversión privada, pero dentro de un modelo que garantice equidad, control democrático, transparencia y soberanía sobre nuestros bienes. Los fideicomisos no pueden convertirse en zonas grises fuera del alcance del Congreso y de la gente”, sostuvo.
Martínez instó a revisar esta tendencia y a fortalecer la capacidad operativa del Estado con eficiencia y visión de desarrollo. “El gobierno no puede seguir actuando como un intermediario de negocios ajenos. Su deber es servir y proteger el interés público. La República Dominicana no se alquila, no se terceriza y no se administra por partes. Se gobierna con responsabilidad”, concluyó.
