Santo Domingo, R.D. – El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se refirió este lunes en su encuentro habitual “La Semanal con la Prensa” a la reciente expulsión del regidor Edickson Herrera (conocido como Yeyea) del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras su presunta vinculación con actividades relacionadas al narcotráfico y el crimen organizado.
Abinader fue enfático al señalar que su administración se caracteriza por la transparencia y el respeto al Estado de derecho. “Ahora las cosas no se esconden. En nuestro gobierno no hay espacio para la impunidad”, afirmó el mandatario, destacando que se actúa con firmeza ante cualquier señalamiento de conducta delictiva, sin importar el cargo o filiación política del implicado.
Expulsión inmediata por vínculos con crimen organizado
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció este lunes la expulsión inmediata del regidor Edickson Herrera, quien representa al municipio de Hato del Yaque en Santiago, luego de recibir denuncias que lo vinculan al crimen organizado y al narcotráfico.
Según explicó el partido oficialista, el caso fue asumido por el Fiscal Nacional del PRM tras recibir una denuncia formal. De manera oficiosa, se iniciaron los procedimientos disciplinarios correspondientes, que concluyeron con la decisión de separar de forma definitiva al regidor de sus filas.
“El PRM es el único partido político en el país cuyos estatutos contemplan la expulsión inmediata de cualquier miembro vinculado al crimen organizado, narcotráfico o actos de violencia de género”, afirmó la organización en un comunicado oficial.
Compromiso con la ética y la institucionalidad
La organización política reiteró su compromiso con los valores éticos y morales que rigen su accionar, indicando que no tolerará bajo ninguna circunstancia conductas delictivas dentro de sus filas.
“Quienes infrinjan las normas institucionales y legales deberán asumir personalmente sus consecuencias”, enfatizó el partido, haciendo referencia al Artículo 65, Párrafo V de sus estatutos, que establece la suspensión automática del militante que enfrente apertura a juicio por delitos graves, y su expulsión definitiva en caso de sentencia condenatoria.
El PRM concluyó reafirmando su respeto a la ley y su compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho, destacando que cada ciudadano es responsable ante la justicia por sus actos personales.