Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, remitió este martes al Congreso Nacional un ambicioso proyecto de ley que busca transformar el marco legal de los juegos de azar en el país, con el objetivo central de combatir el lavado de activos y fortalecer la transparencia en esta industria.
La propuesta, canalizada a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo que fungirá como ente regulador y supervisor, con facultad para otorgar licencias operativas a las distintas modalidades de juegos definidos por la ley.
El nuevo proyecto abarca 15 categorías de juegos, que van desde casinos y loterías hasta apuestas deportivas presenciales y en línea, salas de tragamonedas, rifas y bingos, tanto físicos como electrónicos. Se establecerán criterios de operación, tributación y localización específicos para cada categoría.
Casinos con mayores controles
Uno de los puntos más destacados del proyecto es la regulación estricta de los casinos, los cuales solo podrán operar en hoteles de cuatro estrellas o más. Dependiendo del número de mesas de juego, se establecerán tarifas diferenciadas. Además, cada máquina tragamonedas estará sujeta al pago del 5 % de sus ventas brutas mensuales.
Regulación a las bancas deportivas
En el caso de las bancas de apuestas deportivas, se introduce una limitación territorial para su instalación, prohibiéndolas en zonas cercanas a escuelas, centros religiosos y hospitales, y fijando un mínimo de 500 metros de distancia respecto a otros establecimientos de juego.
También se fijan tarifas anuales de operación diferenciadas según la ubicación: 386,673 pesos para las bancas en las grandes ciudades y 257,782 pesos para las ubicadas en el resto del país.
Transparencia y modernización
La iniciativa incluye un régimen transitorio para establecer sistemas tecnológicos de fiscalización y control, mientras se desarrollan plataformas electrónicas que permitirán al Estado tener un monitoreo en tiempo real de las operaciones del sector.
El Ejecutivo sostiene que este proyecto forma parte de un esfuerzo integral para adecuar la legislación dominicana a los estándares internacionales de prevención de delitos financieros, al tiempo que impulsa una industria de juegos de azar más transparente, segura y responsable.
Reacciones y próximos pasos
La propuesta será ahora debatida por el Congreso Nacional, donde se espera que diversos sectores —incluyendo operadores, asociaciones de juegos y entidades de la sociedad civil— participen en vistas públicas. El Gobierno asegura que busca un consenso amplio para garantizar la efectividad y sostenibilidad de esta nueva normativa.
