Santo Domingo.- Varios abogados intimaron mediante acto de alguacil a la Junta Central Electoral (JCE), para que ordene la suspensión inmediata del financiamiento público a organizaciones políticas, bajo advertencia de recurrir a la justicia si no se acoge el requerimiento luego de que auditorías de la Cámara de Cuentas revelaran una estela de irregularidades en el manejo de más de 28 mil 671 millones 536 mil 593 desde el año 2000 hasta septiembre del 2025.
La acción legal fue interpuesta por Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos, César V. Polanco Reynoso y J. Rafael Céspedes Amparo, representantes de Ricardo Ripoll, Eduardo Sánchez (Piro) y Hernani Aquino, quienes alegan que la continuidad de estos fondos podría comprometer la legalidad en el manejo de recursos estatales.
En el documento exige medidas urgentes, concretas y verificables en un plazo perentorio para garantizar transparencia, rendición de cuentas y apego a la normativa vigente, tras los datos develados por El Nacional.
La intimación marcada con el número 621-2026, advierte que el incumplimiento dará paso a acciones judiciales en distintas jurisdicciones, incluida la contencioso-administrativa, lo que podría escalar el caso a un conflicto institucional de alto perfil.
