Santo Domingo, RD. — El bufete Garrido Corporán & Asociados negó este viernes que el desalojo realizado en el sector La Virgen, de Santo Domingo Norte, se haya ejecutado de forma ilegal o arbitraria, como denunció el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), y solicitó a las autoridades investigar la actuación de su presidente, Manuel María Mercedes, por presuntamente respaldar a grupos que ocupan propiedades privadas.
Los abogados Euclides Garrido Corporán, Ana Blandino y Geral Melo Garrido explicaron que el procedimiento fue plenamente legal, amparado en decisiones judiciales firmes y en el auxilio de la fuerza pública otorgado por el Abogado del Estado, mediante el oficio No. 585 del 17 de septiembre de 2025. La medida fue ejecutada el 10 de octubre, con acompañamiento de la Policía Nacional y presencia ministerial.
“Todo se realizó conforme al debido proceso, con notificaciones previas y respeto a la ley. No hubo abusos ni irregularidades”, afirmaron los juristas.
Los representantes legales señalaron que los terrenos, de 34,000 metros cuadrados, ubicados en la parcela No. 26-A-Refund-1 del Santo Domingo Norte, pertenecen legítimamente a Valorie Cabral Ceballos, Franklin Adolfo Cabral Lugo, Sugheiry Leticia Cabral Moscoso y Shade Elizabeth Cabral, en su calidad de sucesores del señor Franklin Aníbal Cabral Guerrero, conforme a la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario.
Asimismo, denunciaron que el señor Manuel María Mercedes, presidente del CNDH-RD, “ha intervenido en diversas ocasiones respaldando ocupaciones irregulares de terrenos”, e instaron a las autoridades competentes a investigar las actuaciones de la institución.
“Es lamentable que un organismo que debería velar por los derechos humanos se utilice para proteger a invasores de propiedades privadas. Solicitamos a las autoridades investigar la conducta de su presidente y el uso de esa organización en procesos ajenos a su misión”, expresaron.
Finalmente, el bufete reiteró su confianza en que los documentos oficiales y las actas judiciales demuestran la legalidad del proceso y desmienten las versiones difundidas sobre un supuesto desalojo ilegal.
