La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó este lunes la propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y pidió al presidente Luis Abinader no someter dicho anteproyecto al Congreso Nacional.
El gremio magisterial advirtió que esta iniciativa representa una amenaza para el sistema educativo dominicano, al considerar que su verdadero objetivo es reducir la inversión pública en educación, en un momento en que se requiere fortalecer y ampliar los recursos para mejorar la calidad del gasto y garantizar el derecho a una educación pública, inclusiva y de calidad.
“El proyecto de fusión no está sustentado en estudios técnicos, diagnósticos de viabilidad ni análisis de impacto que justifiquen su implementación”, afirmó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP. Agregó que detrás de esta propuesta “se esconden fines privatizadores” que incluyen la promoción de alianzas público-privadas, fideicomisos y la tercerización de servicios educativos.
Hidalgo sostuvo que la fusión afectaría severamente los procesos que actualmente desarrollan ambas instituciones, especialmente en áreas claves como la recuperación del aprendizaje, la eficiencia en la gestión académica y el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
El dirigente gremial recordó que en enero pasado se celebró el “Encuentro Nacional por la Defensa de la Educación Pública” en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde expertos, académicos y organizaciones sociales coincidieron en que el proyecto de ley carece de fundamentos sólidos, análisis de factibilidad y mecanismos claros que garanticen beneficios reales para el sistema educativo.
Entre las principales razones para rechazar el anteproyecto de ley, la ADP señala que no se ha demostrado que las leyes educativas vigentes estén obsoletas; que la propuesta carece de estudios técnicos, investigaciones o análisis que respalden su viabilidad bajo principios de racionalidad y eficiencia; y que no se garantizan mejoras reales en la calidad ni en el acceso a la educación.
Además, cuestiona la falta de planificación, al no especificarse mecanismos claros para alcanzar los objetivos planteados, como la eliminación de duplicidades o el uso más eficiente del presupuesto. Finalmente, advierte que esta reforma responde a una estrategia de mercantilización y privatización del sistema educativo, lo que pondría en riesgo el acceso equitativo y universal a la educación como un derecho fundamental.
La entidad reiteró su posición a favor de fortalecer tanto al Minerd como al Mescyt como organismos autónomos, con funciones claras y recursos suficientes y propuso abrir un diálogo nacional transparente, con la participación de todos los sectores involucrados en la educación.
“La educación no es negociable. Exigimos el retiro inmediato del anteproyecto y la apertura de un proceso de reflexión nacional sobre el rumbo del sistema educativo”, concluyó la ADP, que llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a unir sus voces en defensa de una educación pública digna y de calidad para todos.
