EFE- Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes sobre un «aumento drástico» de las detenciones cometidas de «forma sistemática» en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en las que el ente comicial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, y dijo ver en estos casos «elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada».
«Así lo demuestra el alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales puestos al servicio de esta práctica», indicó AI en su informe ‘Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela’, en el que se analizaron 15 casos de detenciones desde julio de 2024.
Entre las víctimas, prosiguió, hay ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
La organización señaló que la implicación de «figuras del más alto nivel del Estado en la identificación y estigmatización pública de las víctimas, así como la subordinación del aparato de justicia a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro, constituyen elementos fundamentales que permiten -subrayó- acreditar su carácter sistemático».
«La desaparición forzada de corta duración -añadió el documento- habría sido no solo sistemática sino también generalizada, debido al alto número de personas reportadas como víctimas por mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos y el hecho de que los casos se produjeron en un amplio rango geográfico y por distintos cuerpos de seguridad a nivel nacional».
La investigación
Amnistía Internacional considera que estos «crímenes realizados por el Estado coinciden con los elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada», por lo que recomienda que sean investigados conforme a los estándares de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Igualmente, indicó que se deben deslindar las responsabilidades en estos «crímenes» hasta el «máximo nivel en el aparato del Estado».
«Esto incluiría no solo a las altas figuras del Gobierno, sino también a aquellos funcionarios del sistema de justicia que, por acción u omisión, han facilitado, encubierto o legitimado la ejecución de esta política represiva», apostilló.
AI sostuvo que las «estrategias» del Gobierno de Maduro para «reprimir» las manifestaciones en contra del resultado oficial de las presidenciales «siguieron un patrón recurrente».
«Las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, o se negaba u ocultaba su detención, suerte y paradero; además se les negaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, privándoles del derecho a la defensa adecuada, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o las pruebas en su contra y se les acusaba de delitos graves y ambiguos como ‘terrorismo’», relató.
Desaparición forzada
El informe aseguró que tras las elecciones presidenciales se observó un «aumento drástico de la práctica de desaparición forzada, sobre todo, desaparición forzada de corta duración, por parte de las autoridades venezolanas en contra de personas opositoras o percibidas como tales».
Indicó que, de acuerdo al artículo 7(2)(i) del Estatuto de Roma, se entenderá por desaparición forzada la «aprehensión, detención o secuestro de personas por parte de un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o proporcionar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de mantenerlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado».
Igualmente, sostuvo que, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, «no se requiere un lapso mínimo de tiempo para calificar un hecho como desaparición forzada».
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 940 presos políticos, la mayoría detenidos tras los comicios presidenciales.
El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.
