Pedro Angel
Santo Domingo. – En la República Dominicana se ha instalado un espejismo sanitario, con hospitales remodelados, cifras récord en cirugías, aumento de afiliados a la seguridad social.
Así lo aseguró el doctor Roberto Lafontaine, analista en sistemas de salud y seguridad social, quien sostuvo que bajo esta superficie se esconde una crisis estructural más profunda en la disolución progresiva del derecho a la salud como bien común.
“La salud, cada vez más, se comporta como mercancía, privilegio o trámite burocrático, y no como una garantía colectiva de vida digna”, comentó el también profesor universitario, en declaraciones publicadas en el portal www.resumendesalud.net
Mostró como síntomas de un sistema que ha normalizado la exclusión la mortalidad materna evitable, desigualdad territorial en el acceso, denegación sistemática de servicios por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el colapso ambiental sin respuesta estructural y maltrato cotidiano en hospitales públicos.
“El modelo vigente no fracasa, funciona tal como fue diseñado, para proteger intereses financieros y sostener una tecnocracia sin alma”, indicó.
Precisó que este estado de cosas produce una pedagogía del desencanto y la población se acostumbra a sobrevivir al sistema, mientras el Estado se limita a administrar estadísticas.
Agregó que la confianza social se erosiona, el vínculo entre ciudadanía y política sanitaria se rompe y se impone un sentido común peligroso de que “la salud no es posible sin dinero”.
“Frente a esta realidad, el país necesita algo más que ajustes técnicos o reformas administrativas. Se requiere una transformación de fondo que reoriente el sentido del sistema de salud, colocando en el centro la dignidad de las personas y la equidad entre territorios”.
Dijo que esto implica revisar seriamente el modelo actual, cuestionar la excesiva dependencia del financiamiento privado y garantizar que los recursos públicos sirvan para proteger la vida y no para sostener estructuras ineficientes.
“Pensar la salud desde las necesidades reales de la población —y no desde el equilibrio de mercado— es el primer paso para reconstruir la confianza ciudadana y asegurar que el sistema responda al interés general”.