El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó este viernes que la ciudadanía no debería preocuparse por la presencia en el país de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes son buscados por las autoridades dominicanas e internacionales.
Antes de su participación en la Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en la Reforma Penitenciaria, Peralta señaló que ha seguido el tema solo a través de la prensa y que desconoce cuál será la decisión del presidente Luis Abinader. Sin embargo, aseguró que el Gobierno activará los mecanismos necesarios para evitar que este tipo de personas permanezcan o ingresen al país.
"De ninguna manera, no creo que haya motivo de preocupación por eso", expresó Peralta al ser cuestionado sobre el temor de la población ante este caso.
Caso “Los Rugrats” en RD
El jueves 3 de julio, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron sobre la búsqueda nacional e internacional de cuatro presuntos miembros del grupo criminal ‘Los Rugrats’, brazo armado del Cártel de Sinaloa. Los identificados son Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala, quienes son considerados altamente peligrosos.
Las autoridades llevan a cabo la operación en conjunto con la DNCD, Dicrim, Interpol y la DEA, debido a que estos individuos estarían vinculados al narcotráfico, lavado de activos y sicariato en territorio dominicano.
Fondos de campaña y fiscalización
Consultado sobre la inquietud de Participación Ciudadana respecto a la financiación de campañas con fondos privados, Peralta saludó dicha preocupación, recordando que la ley obliga a los partidos a rendir cuentas sobre el origen de los fondos y establece límites de gastos. Además, agregó que no ha observado actividades políticas de gran envergadura que vulneren las normativas.
Propuesta del Ministerio de Justicia
Durante su intervención, Antoliano Peralta habló sobre la propuesta de crear un Ministerio de Justicia y sus implicaciones para el sistema penitenciario dominicano, señalando que “hace apenas unas décadas se inició una oleada de reformas en el sistema penitenciario de la República Dominicana”.
Recordó la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario en 2004, el cual logró avances significativos, aunque persisten problemas como el hacinamiento y la sobrepoblación. Asimismo, mencionó la Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y creó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales bajo la PGR. Sin embargo, destacó que, en la historia política y jurídica del país, esta dependencia no siempre ha estado bajo dicha institución.
