La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional pospuso para el próximo lunes 14 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra los diez señalados en la presunta red de corrupción desmantelada mediante la “Operación Lobo”, la cual involucra a altos mandos militares, oficiales activos, civiles y empresarios.
Durante la audiencia, las defensas de los imputados solicitaron un plazo adicional para revisar el expediente presentado por el Ministerio Público, que contiene alrededor de 450 páginas y más de 500 elementos probatorios. Así lo explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La PEPCA solicitó prisión preventiva y la declaración del caso como complejo para los acusados, entre quienes figuran:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército.
- Andrés Pacheco Varela, coronel.
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel.
- Francisco Guarín Fernández, coronel.
- Elías Caamaño Pérez, coronel.
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea.
- Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario.
- Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil.
De acuerdo con el expediente, este grupo habría utilizado sobornos millonarios para adjudicarse contratos de seguridad privada en diversas instituciones del Estado. Entre las entidades afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El Ministerio Público estima que el monto manejado en este esquema de corrupción supera los 100 millones de pesos.
