El procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que las decisiones en el proceso contra los imputados de la operación Cobra deben adoptarse con base en el derecho y no en argumentos emocionales.
Sus declaraciones se produjeron durante el conocimiento de la medida de coerción por el presunto desfalco de más de 15 mil millones de pesosal Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“No fue voluntad, fue arresto”
Camacho sostuvo que los imputados no se presentaron por iniciativa propia ni por un acto de reflexión moral, sino como resultado directo de la investigación del Ministerio Público. “Se detienen porque los detuvimos”, expresó, al insistir en que el tribunal debe valorar los hechos desde una perspectiva jurídica, sin apelar a la “lástima” ni a discursos sentimentales.
El magistrado recalcó que el proceso penal exige objetividad y que las decisiones deben responder a las pruebas y a la conducta procesal de cada imputado.
Críticas a supuestas ofertas de colaboración
El titular de Persecución cuestionó las declaraciones de algunos imputados sobre una eventual disposición a colaborar con la investigación. A su entender, prometer cooperación futura no tiene valor legal y constituye una forma de presión indebida dentro del proceso. “La colaboración del futuro no existe, no es útil ni es eficaz”, afirmó.
