Santo Domingo, R.D. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) publicó un informe de auditoría sobre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), correspondiente al período 2016-2020, en el que detecta violaciones sistemáticas a las normas de compras públicas, contabilidad gubernamental, control interno y obligaciones tributarias, con posibles implicaciones penales.
El informe fue remitido al Ministerio Público y otorga a la institución un plazo de 25 días para presentar un plan correctivo.
El documento, de más de 500 páginas, establece un patrón de irregularidades en la administración del Inaipi bajo las direcciones ejecutivas de Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, Berlinesa Franco, Kenia Lora Abreu y Besaida María Saniana Sierra.
Principales hallazgos del informe:
- Fracaso en el control interno: El ignoró protocolos esenciales para la transparencia en el uso de fondos públicos, violando normas contables y de rendición de cuentas.
- Daño al patrimonio estatal: Las debilidades en la gestión financiera generaron riesgos de malversación y opacidad en el manejo de recursos dirigidos a la primera infancia.
- Evasión fiscal y deudas con la seguridad social: Se detectaron retenciones no declaradas de impuestos y aportes a la TSS, comprometiendo la recaudación estatal.
- Irregularidades en compras y contrataciones: Se evidencian adjudicaciones a empresas vinculadas a accionistas del INAIPI, prácticas anticompetitivas y descalificaciones injustificadas, en violación a la Ley 10-04.
- Indicios de colusión y fraude: La CCRD señala posibles delitos penales bajo el Artículo 419 del Código Penal y la Ley 42-08 de defensa de la competencia, por lo que remitió el caso al Ministerio Público para posibles imputaciones por acción u omisión.
Responsabilidad individual y llamado a la acción
El órgano auditor advierte que los funcionarios auditados comprometieron su responsabilidad civil y administrativa, según los artículos 47, 48 y 54 de la Ley 10-04, y que estas prácticas contradicen los artículos 138 y 146 de la Constitución, que exigen transparencia y proscriben la corrupción en la gestión pública.
La CCRD exhorta al Inaipi a presentar un plan correctivo en un plazo de 25 días, que debe ser remitido a la Contraloría General y a la propia Cámara bajo supervisión estricta. Además, recomienda fortalecer los controles internos, realizar auditorías periódicas, capacitar al personal en normativa vigente y sancionar a los responsables, incluyendo la recuperación de fondos desviados.
