Con el objetivo de fortalecer el sistema de compras y contrataciones públicas en el país, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Gregorio Domínguez, ha comenzado el estudio de una reforma a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ya fue aprobada en el Senado y ahora se encuentra en análisis en la Cámara Baja.
Entre las principales modificaciones propuestas en la reforma se destacan las siguientes:
Responsabilidad Patrimonial: Se establecerán sanciones para funcionarios cuyas acciones u omisiones causen daños económicos al Estado, permitiendo además a terceros afectados reclamar por los perjuicios ocasionados.
Régimen Disciplinario para funcionarios Públicos: La propuesta clasifica las faltas en distintos grados. Las faltas leves podrían implicar amonestaciones, mientras que las reincidencias y faltas graves pueden resultar en suspensiones sin sueldo o la destitución del cargo.
Sanciones Penales y Administrativas: La reforma prevé inhabilitaciones temporales y multas para proveedores que infrinjan la ley, y sanciones penales severas para funcionarios y personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, con penas de prisión que podrían alcanzar hasta diez años.
Sanción por Declaraciones Falsas: Los proveedores que presenten información falsa en sus declaraciones juradas enfrentarán penas de prisión de uno a tres años.
Procedimiento Disciplinario Riguroso: El proyecto de reforma detalla un proceso disciplinario para evaluar las faltas, aplicable conforme a la Ley de Función Pública, con el fin de garantizar un proceso justo y transparente.
El diputado Gregorio Domínguez destacó que “esta reforma busca endurecer las penas por corrupción y robustecer el sistema de compras y contrataciones públicas, para asegurar el uso adecuado de los recursos del Estado y reforzar la transparencia.”
La comisión continuará sus labores en las próximas semanas para discutir en profundidad estas propuestas, recabando además el aporte de diversos sectores interesados, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el marco normativo de las contrataciones públicas en el país.
