Santo Domingo.- El diputado por la provincia de La Romana y miembro del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos De Pérez, ha dirigido una comunicación formal a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, solicitando que se aplique la máxima cautela en el estudio de las nuevas reformas al Código Procesal Penal (CPP) remitidas por el Senado.
El legislador advierte que la aprobación apresurada del texto actual podría acarrear "consecuencias graves para el Estado de Derecho" en la República Dominicana.
La misiva fue dirigida al honorable diputado Wandy Modesto Batista Gómez, presidente de la citada comisión, y se centra en la urgencia de abordar dos proyectos relacionados con el CPP.
De Pérez destaca que se aproxima la fecha límite fijada por la Sentencia TC/0766/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la anterior Ley 10-15, la cual modificó el CPP. El diputado sugiere que, antes de avanzar con el texto senatorial, se priorice la aprobación de una ley que reincorpore las disposiciones de la Ley 10-15, ajustándose a las sentencias constitucionales vigentes.
El diputado De Pérez identifica y enumera un total de siete "disposiciones preocupantes" en el proyecto remitido por el Senado. A su juicio, estas modificaciones contienen serias oportunidades de mejora que no deben pasarse por alto. Entre las objeciones más contundentes, el legislador señala la "Interrupción Indebida de la Prescripción" (Art. 48) y la "Extensión Abusiva de la Prisión Preventiva" (Art. 246 y 377).
"El texto del Senado presenta serias oportunidades de mejoras, y su aprobación apresurada podría acarrear consecuencias graves para el Estado de Derecho. Nos preocupa, por ejemplo, que se comprometa la imparcialidad judicial al permitir que un juez recusado continúe conociendo un proceso sin una decisión previa de la Corte," expresa el diputado De Pérez en su comunicación.
Ante este panorama, el congresista de La Romana propone a los miembros de la Comisión de Justicia dos líneas de acción: primero, promover la aprobación de una ley correctiva sobre la Ley 10-15; y segundo, "estudiar con la debida profundidad y sin precipitación" el proyecto senatorial para formular las enmiendas pertinentes, haciendo especial énfasis en que una reforma de esta magnitud no puede ser tratada a la ligera.
Para garantizar un debate enriquecedor y transparente, el diputado Carlos De Pérez ha solicitado formalmente a la comisión que disponga la convocatoria a diversos juristas de prestigio, la academia, y otros actores del sistema de justicia. Entre los profesionales sugeridos para aportar sus reflexiones se encuentran: María del Pilar Zuleta, Carlos Balcácer, Eduardo Núñez, Manuel Sierra, Valentín Medrano, y Edwin Isaías Grandel Capellán, en un esfuerzo por enriquecer el proyecto antes de su votación.
