Los cinco implicados en los insultos dirigidos al futbolista brasileño Vinícius Jr. durante el partido del 30 de diciembre de 2022 en el estadio José Zorrilla de Valladolid han aceptado una condena de un año de prisión por delitos de odio, además del pago de una multa de 1.620 euros cada uno.
Según las conclusiones de la Fiscalía, que deberán ser ratificadas el próximo 21 de mayo en la Audiencia de Valladolid, los hechos ocurrieron en el minuto 88 del encuentro entre el Real Valladolid y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Santander. Fue entonces, cuando Vinícius se dirigía hacia el banquillo por la banda, que los acusados le lanzaron expresiones insultantes.
Las agresiones verbales se realizaron con "la indudable intención de humillar y lesionar la dignidad del jugador por evidentes motivos racistas", según la acusación. Estos insultos fueron grabados por aficionados desde distintos puntos del estadio, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una notable repercusión tanto dentro como fuera de España.
Como consecuencia de la visibilidad del caso, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte abrió expedientes sancionadores contra los acusados, los cuales están actualmente suspendidos a la espera de la resolución judicial.
La Liga presentó una denuncia penal el 3 de enero de 2023, respaldada por material audiovisual, y solicitó la intervención de la Fiscalía especializada en delitos de odio.
Vinícius Jr., por su parte, ha decidido no solicitar compensación económica por lo sucedido. En cambio, los acusados han presentado un escrito en el que reconocen el carácter racista de sus actos y piden disculpas por ello. Además, han aceptado voluntariamente no asistir a partidos de fútbol en recintos públicos durante el tiempo que dure la suspensión de sus condenas.
La resolución establece que los hechos constituyen cinco delitos de odio y discriminación. Por lo tanto, cada uno de los implicados enfrentará una pena de un año de prisión, una multa diaria de seis euros durante nueve meses y una inhabilitación especial para trabajar en ámbitos educativos, deportivos o recreativos, por un periodo que supera en tres años la duración de la condena de prisión.
La sentencia será notificada a la Comisión Estatal para que se evalúe el impacto en los expedientes administrativos en curso.
