La República Dominicana se ha convertido en uno de los países que más crece en términos de edificaciones, colocando al sector constructor como uno de los pilares económicos que impulsan el desarrollo del país, aunque algunos lo manejan como "chivos sin ley".
Cada vez son más y más los proyectos habitacionales que demuestran el imponente crecimiento de ciudades cada vez más verticales, más funcionales y más modernas.
Sin embargo, no siempre esa modernidad se refleja a la hora de construir, dejando en evidencia el nivel de “chapucerísmo” con el que trabajan algunas firmas, a quienes solo les interesa “ganar y ganar”, sin tomar en cuenta factores esenciales.
Esta semana, el Ministerio de la Vivienda (MIVED), paralizó los trabajos en el izamiento de un complejo residencial en el Distrito Nacional, luego de varias denuncias por supuestas irregularidades en su construcción, que impactaba de manera negativa, a residentes próximos a la obra, llegando incluso a afectar algunas edificaciones colindantes.
La resolución indica que los encargados del proyecto Prado Residences III, ubicado en calle Francisco Carias Lavander No. 17, Ensanche Paraíso, del Distrito Nacional, violaron la Ley 687 de Construcción y su reglamento de aplicación, el Decreto No. 1661.
Esto, a raíz de varios videos y fotografías publicadas por CachichaNews, en los que se muestran paredes agrietadas y que ponen en peligro a quienes viven en un edificio al lado de la obra.
Pero este no es el único caso de daño colateral, ya que son constantes las denuncias de personas afectadas, por los escombros, la contaminación sónica e incluso por la toma de espacios públicos, sin la debida autorización de las autoridades.
Una fuente, quien prefirió el anonimato, nos hizo llegar una denuncia sobre daños causados hace algunos años a su propiedad ubicada en el Distrito Nacional, debido a esta situación, llevando el caso hasta los tribunales, porque sus vehículos e incluso parte de sus inmuebles, fueron afectados por escombros que cayeron desde la obra, por la falta de seguridad.
Esta realidad, que pudiera afectar el tan importante sector, debe ser tomado con seriedad por las autoridades, quienes tienen la obligación de garantizar que cada obra se realice respetando los estándares de calidad y seguridad requerida.
Pero es un trabajo conjunto, que debe involucrar tanto a las alcaldías, como a los ministerios de la Vivienda e incluso Obras Públicas, ya que sin aplicar mano dura, seguiremos viviendo de manera desordenada, en un país que crece cada día de manera exponencial.
