El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 30 años de prisión a tres hombres que traficaron más de 185 kilogramos de drogas en 2022, transportadas en una embarcación desde Cartagena, Colombia, hacia República Dominicana.
Los dominicanos Gustavo Adolfo Lamoni, José Luis Alcalá de la Cruz y Anthony Sánchez de la Rosa fueron sentenciados tras ser declarados culpables de tráfico internacional de drogas.
Según una nota de prensa, la pena máxima les fue impuesta debido a que la droga estaba destinada al consumo local, lo cual constituye un agravante del delito.
El arresto de los tres hombres se produjo de manera flagrante el 2 de febrero de 2022, alrededor de la 1:42 de la madrugada, por agentes de la Armada de la República Dominicana, en la comunidad de Los Melones, en el distrito municipal de Bayahíbe, al sur del municipio San Rafael del Yuma.
El expediente detalla que, al requisar la embarcación, se ocuparon siete sacos de nylon que contenían 175 paquetes de drogas.
Las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinó que 181.50 kilogramos correspondían a cocaína clorhidratada y 4.68 libras a marihuana, según consta en el certificado de análisis químico forense.
Adolfo Lamoni y José Luis Alcalá de la Cruz fueron arrestados dentro de la embarcación. Anthony Sánchez de la Rosa, quien también se encontraba a bordo, se lanzó al agua al notar la presencia de los oficiales, pero fue capturado posteriormente en el kilómetro 10 de la comunidad Cumayasa, municipio Villa Hermosa, La Romana.
El fiscal del distrito judicial, Aneury Castillo, lideró la investigación, mientras que los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez representaron al Ministerio Público durante el juicio, logrando demostrar la acusación ante los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.
Los tres condenados cumplirán su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
El Ministerio Público indicó que presentó cargos por violaciones a los artículos 4-D, 5-A, 6-A, 58, 59, 60 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
