El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este jueves una condena de siete años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, hallado culpable de actos de corrupción cometidos durante el gobierno de su hermano, el expresidente Danilo Medina. La pena deberá cumplirse en la cárcel de Najayo.
Tras más de cinco horas de lectura de fundamentos, las magistradas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto concluyeron que Alexis Medina “aprovechó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas”.
El tribunal lo declaró responsable de delitos como lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros. Otros procesados enfrentaron cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada.
Aunque el Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión para Medina, la condena impuesta fue de siete. Su hermana, Carmen Magaly Medina Sánchez, resultó absuelta.
Otros sentenciados
Víctor Matías Encarnación Montero recibió cinco años de prisión suspendida y deberá pagar RD$500,000 de multa. José Dolores Santana Carmona fue condenado a seis años en Najayo hombres, y Wascar Bernabé Méndez a cinco años en el mismo centro penitenciario.
Paola Molina Suazo cumplirá cinco años en Najayo mujeres, y su esposo, Martín Monte de Oca, la misma pena en Najayo hombres.
Absoluciones y archivo de causa
El exdirector del Fonper, Fernando Rosa, fue absuelto, mientras que el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, recibió un “no ha lugar” por falta de evidencias para establecer una “falta penal”. También fueron descargados Lina de la Cruz, Rafael Antonio Germosén, Fulvio Antonio Gómez, Liny Valenzuela, Aquiles Alejandro Cristofer, Antonio Florentino Méndez, entre otros.
Acuerdos previos
Durante la fase preliminar, imputados como Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santiago llegaron a acuerdos con la fiscalía, lo que permitió recuperar para el Estado más de 200 millones de pesos en bienes y efectivo.
