Conocerán el 11 de abril demanda por reparación patrimonial contra Jochi Vicente 

 La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ha fijado una audiencia para el próximo 11 de abril, en la que se conocerá y decidirá la demanda de reparación patrimonial interpuesta contra el Estado y José Manuel Vicente Dubocq, ministro de Hacienda, presentada por los sucesores de Pedro Rolando Cedeño. 
 
Esta demanda se basa en el desacato a la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00193, dictada el 29 de abril de 2022 por el mencionado tribunal, que condenó al Estado a indemnizar a los demandantes con mil ochocientos nueve millones quinientos veintitrés mil trescientos treinta y dos pesos dominicanos con 50/100, como compensación por la expropiación de su derecho de propiedad. 
 
De acuerdo con el comunicado de prensa, en 1975 se expropiaron cerca de ocho millones de metros cuadrados pertenecientes al difunto Cedeño en la Parcela núm. 18 D.C. 10/2, ubicada en San Rafael del Yuma, La Altagracia, a un valor de RD$230.00 por metro cuadrado, según el avalúo oficial de la Dirección General de Catastro Nacional. A la fecha, el pago correspondiente aún no ha sido efectuado. 
 
Los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo informaron que el 25 de septiembre de 2023, mediante la comunicación núm. MH-2023-029734, el Ministerio de Hacienda incluyó la suma de la condena en el Presupuesto General del Estado para el año 2024, pero el ministro de Hacienda se resiste a realizar el pago. 
 
“Permitir que se incumpla la parte dispositiva de una sentencia firme por el capricho de un funcionario socava la satisfacción que debe brindar el proceso, lo cual es inaceptable en el contexto de un Estado social de derecho”, afirmó Cruceta hijo.  
 
Por su parte, Cury destacó que “la irresponsabilidad de Jochi Vicente desmantela la configuración constitucional del debido proceso, especialmente el contenido esencial del derecho a la ejecución”. Añadió que “independientemente de quién sea la parte perdedora, debe respetar lo fallado, ya que su ejecución es fundamental para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. Una sentencia que no se cumple convierte en ilusoria dicha tutela”. 
 
Durante la audiencia del viernes 11 de abril, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo analizará la demanda, en la que se solicita, entre otras cosas, la indexación del monto impagado, que asciende a 178 millones de pesos, y la condena solidaria del Estado y Vicente Dubocq a pagar 199 millones a los herederos del finado Cedeño, en concepto de daños extrapatrimoniales por “la grave imprudencia que caracterizó la omisión administrativa censurada”, según expresó Cruceta hijo.