La Junta Central Electoral (JCE) abrió este martes el “Sobre B”, documento que contiene el nombre de la empresa que podría ser adjudicataria del contrato para la emisión de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, avanzando así hacia una etapa decisiva del proceso de licitación pública internacional.
De las tres compañías que inicialmente participaron, solo el Consorcio EMDOC resultó habilitado por el Comité de Compras y Contrataciones, tras cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Las propuestas de ID Security IDSi y Cédula 4.0 FZCO fueron descartadas, y aunque una de ellas impugnó la decisión, el recurso fue rechazado formalmente.
La propuesta del Consorcio EMDOC —integrado por empresas de República Dominicana, Panamá y Alemania— asciende a RD$3,363,322,412.00 (tres mil trescientos sesenta y tres millones, trescientos veintidós mil cuatrocientos doce pesos). El paquete incluye la adquisición de 8 millones de tarjetas para cédulas, 214 máquinas de impresión, infraestructura tecnológica PKI-CA, 800,000 cédulas digitales, además de lectores biométricos, cámaras, impresoras, servicios de mantenimiento y capacitación.
Durante el acto de apertura, las autoridades de la JCE enfatizaron que este paso no constituye aún una adjudicación, sino que corresponde únicamente a la presentación formal de la oferta económica. El Comité de Licitaciones evaluará ahora los detalles técnicos y financieros para determinar si se ajusta al presupuesto institucional y a los intereses del organismo. La decisión final se dará a conocer en los próximos días o semanas.
En medio de este proceso, el Partido Generación de Servidores (GenS), que lidera el ingeniero Carlos Peña, expresó su rechazo a que se avance con la adjudicación sin antes realizar una depuración del padrón electoral. La organización advirtió que la nueva cédula no debe implementarse mientras no se eliminen del registro civil ciudadanos extranjeros indocumentados, especialmente haitianos ilegales.
La JCE reiteró que el proceso se desarrolla con estricto apego a la ley, bajo la supervisión de organismos técnicos y con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en la modernización del documento de identidad más importante para los dominicanos.
