Un grupo de contratistas y proveedores del Estado dominicano, representados por los abogados Luis Ricardo y Erick Morrobel, de la firma Ricardo & Morrobel Consultores Legales, denunciaron este viernes que diversas instituciones públicas mantienen diversas supuestas deudas acumuladas superiores a los RD$500 millones, correspondientes a obras y servicios realizados desde finales de la década de los noventa.
Durante una rueda de prensa, los juristas explicaron que algunas de estas obligaciones datan del año 1998, lo que ha generado un prolongado proceso de reclamaciones administrativas y judiciales sin resultados definitivos.
Los representantes legales señalaron que detrás de estas cifras existen ingenieros, arquitectos y contratistas que cumplieron con sus contratos y entregaron obras al Estado, pero que durante más de dos décadas no han recibido el pago correspondiente.
“Más allá de los números, hablamos de una tragedia humana. Muchos de estos profesionales comprometieron su patrimonio para ejecutar obras públicas, asumieron préstamos y hoy enfrentan consecuencias económicas, de salud y familiares derivadas de esta situación”, indicaron.
De acuerdo con lo expuesto, el proceso para reclamar estos pagos se ha visto afectado por obstáculos administrativos y judiciales, lo que —según los abogados— ha generado dilaciones prolongadas que impactan el acceso efectivo a la justicia.
En ese sentido, cuestionaron que en diversos casos los expedientes hayan enfrentado decisiones de inadmisibilidad en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), aun cuando las deudas se encuentran certificadas por las propias instituciones públicas. Indicaron que, en múltiples ocasiones, estas decisiones han sido posteriormente revisadas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, generando procesos que se prolongan durante años. Y finalmente cuando reciben el pago, los montos no son actualizados para compensar la devaluación, ni son otorgadas indemnizaciones que realmente cubran los daños causados, mayormente de índole moral.
Asimismo, denunciaron que los procedimientos administrativos para el reconocimiento y pago de estas obligaciones dentro del Ministerio de Hacienda se han convertido en un proceso altamente burocrático, que exige reiteradamente documentación que ya forma parte de los expedientes o que resulta difícil de obtener debido al paso del tiempo.
Otro de los puntos señalados fue la situación que enfrentan algunos contratistas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Según explicaron, para que el Estado pueda efectuar pagos se exige una certificación de cumplimiento tributario, pero muchos acreedores no pueden regularizar su situación fiscal precisamente debido a la falta de pago de las facturas emitidas al propio Estado. Convirtiendo a los contratistas en víctimas nuevamente de los incumplimientos del Estado y poniendo trabas absurdas que impiden hacer efectivo el pago reclamado pese a haber cursado los largos procesos judiciales ya mencionados.
“Se genera un círculo vicioso en el que el Estado es simultáneamente deudor y autoridad que condiciona el pago”, expresaron.
Ante esta situación, los representantes legales hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades financieras para la creación de una mesa de resolución de deudas históricas, que permita revisar los expedientes, validar los montos y establecer un mecanismo institucional para su pago justo.
“Lo que pedimos no es una concesión ni un privilegio. Exigimos el cumplimiento de contratos válidamente suscritos y la preservación de la seguridad jurídica del país”, concluyeron.
Los abogados indicaron que continuarán impulsando las acciones legales correspondientes y reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar una solución institucional a este problema acumulado durante décadas.
