Santo Domingo, R.D. – Las recientes críticas de Amnistía Internacional a las políticas migratorias dominicanas han provocado una ola de rechazo entre autoridades, legisladores, activistas y representantes de la sociedad civil. La organización no gubernamental calificó como “racistas” las medidas aplicadas para controlar la presencia de inmigrantes indocumentados en el territorio nacional, especialmente de origen haitiano.
Sin embargo, diferentes sectores han considerado estas afirmaciones como infundadas, desproporcionadas e incluso sesgadas políticamente.
El dirigente nacionalista Pelegrín Castillo acusó a la organización de utilizar el discurso de los derechos humanos para “atacar la soberanía nacional”. “Están usando los derechos humanos para acabar con la República Dominicana, pero les decimos que eso no es aceptable”, expresó.
Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Atallah, respondió directamente a las acusaciones sobre supuestas violaciones al derecho a la salud:
“Aquí no se está repatriando a nadie que tenga una emergencia médica. Se repatria a quienes ya se han recuperado”, subrayó.
Legisladores defienden política migratoria
La senadora Ginnette Bournigal calificó como lamentable que organismos internacionales emitan juicios sin conocer de cerca la realidad que vive el país:
“Es triste que estas organizaciones no vengan aquí a ver la lucha que estamos enfrentando”, sostuvo.
En una línea similar, el senador Pedro Tineo declaró que muchos organismos internacionales “no tienen calidad moral para juzgar, porque no han hecho nada real para apoyar la situación”.
Activistas migratorios también critican el informe
Incluso representantes de entidades defensoras de derechos de los migrantes han manifestado desacuerdo con el tono del informe. Williams Charpentier, vocero de la Mesa Nacional para las Migraciones, opinó que
“No relacionamos estas acciones con el racismo, sino con lo político”.
No es la primera vez que Amnistía Internacional critica a RD
Amnistía Internacional ha lanzado llamados en años anteriores para que el país modifique sus políticas migratorias, argumentando supuestas violaciones a los derechos humanos. No obstante, las autoridades insisten en que las acciones del Estado buscan garantizar el respeto a la ley y preservar la soberanía nacional, sin comprometer los derechos fundamentales.
