El abogado Ivo René Sánchez Díaz, representante de los querellantes en el caso Operación Domo, criticó este viernes la actuación del Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción contra los acusados de integrar una red de piratería digital, afirmó que ellos solo saben pedir prisión preventiva, cuando este caso solo requiere garantía económica.
El jurista señaló que la audiencia tuvo que ser aplazada debido a que el Ministerio Público entregó a destiempo las copias de los documentos requeridos por el tribunal. “Hoy se aplazó el conocimiento de la audiencia única y exclusivamente por culpa del Ministerio Público, ya que no fue sino en el transcurso de la mañana que depositó las copias para cada una de las defensas”, declaró.
Asimismo, calificó como “preocupante” que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, tratara el caso como un asunto que afecta la propiedad intelectual mientras, según dijo, se destinaban numerosos fiscales y procuradores de corte a su seguimiento. “La Fiscalía tiene tantos trabajos y ocupaciones más urgentes que atender, y sin embargo despliega un espectáculo de mal gusto solicitando prisión preventiva por un tema que la propia fiscal reconoce como un daño a la propiedad intelectual”, expresó.
Sánchez Díaz consideró desproporcionada la petición de prisión preventiva contra los cuatro ciudadanos arrestados, alegando que se trata de un asunto que podría ventilarse con medidas menos gravosas. “Este es un caso de bagatela, que perfectamente puede continuar con una simple garantía económica. Pero aquí lo único que saben pedir es prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva”, criticó.
El abogado advirtió que la política de solicitar de manera sistemática prisión preventiva puede agravar la sobrepoblación carcelaria en el país. Además, cuestionó los verdaderos intereses detrás del caso, afirmando que “esto es una cuestión que tiene intereses privados, no públicos”.
La audiencia fue reprogramada para los próximos días, mientras el Ministerio Público mantiene la solicitud de prisión preventiva contra los imputados, acusados de violación a la Ley de Derecho de Autor y lavado de activos.
