La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión de oficio del procedimiento de licitación pública nacional núm. Ayuntamiento Azua-CCC-LPN-2025-0001, convocado por el Ayuntamiento Municipal de Azua para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario regional con planta de valorización, cuyo monto estimado asciende a RD$620 millones.
Según explicó el órgano rector, la medida fue adoptada tras un monitoreo preventivo que detectó violaciones graves a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento 416-23 y a los principios de transparencia, proporcionalidad y libre concurrencia que rigen los procesos de contratación estatal.
Irregularidades detectadas
Entre las principales irregularidades señaladas, la DGCP destacó la ausencia de un estudio previo o análisis de viabilidad, documento esencial para justificar la pertinencia técnica y económica del proyecto.
Asimismo, se identificaron criterios de adjudicación ambiguos, sin tablas de ponderación claras; una duración contractual de 20 años sin sustento legal, y enmiendas presentadas fuera del plazo establecido, lo que —según la DGCP— afecta la validez y trazabilidad del proceso.
Debido a estos hallazgos, la entidad dispuso la suspensión inmediata de la licitación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), la notificación formal al Ayuntamiento de Azua y la publicación de la medida en los portales oficiales de la DGCP y del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), con el fin de preservar la legalidad y el correcto uso de los fondos públicos.
El rol del monitoreo preventivo
La DGCP recordó que el monitoreo preventivo es un mecanismo que permite revisar los procedimientos de contratación antes de su adjudicación, con el objetivo de prevenir irregularidades, garantizar la igualdad de condiciones y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento 416-23, la institución puede suspender de oficio un proceso cuando la entidad contratante no corrige a tiempo las observaciones formuladas durante la revisión.