Santo Domingo-La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó este martes que ha solicitado a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) la imposición de sanciones contra la clínica Abel González, sucursal Lincoln, en el Distrito Nacional, por la presunta negación de atención médica en situación de emergencia a los afiliados Franklin Rodríguez y Luís Graveley.
Ambos ciudadanos presentaron denuncias por separado ante la DIDA, alegando que no les fue brindada la asistencia médica requerida al acudir en condiciones críticas a dicho centro de salud.

Según lo declarado por Franklin Rodríguez, tras ser rescatado del derrumbe de la discoteca Jet Set fue trasladado en silla de ruedas a la clínica Abel González, donde en el área de emergencias le exigieron completar un formulario extenso con más de 30 preguntas. Al indicar que contaba con cobertura del Seguro Nacional de Salud (Senasa), se le informó que dicho seguro no era aceptado, y no recibió atención médica.
Por su parte, Luís Graveley denunció que también fue rechazado en el área de emergencias de la misma clínica pese a presentar heridas visibles y sangrado. Ante la negativa del centro, él y su acompañante tuvieron que trasladarse a otro establecimiento de salud para recibir atención.
La DIDA, actuando conforme al artículo 5 de la Ley núm. 13-20 que modifica el artículo 29 de la Ley núm. 87-01, tramita estas denuncias como parte de sus atribuciones legales para velar por los derechos de los afiliados y brindarles acompañamiento legal dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
La institución ha trabajado en conjunto con la Sisalril, organismo responsable de la supervisión del Seguro Familiar de Salud (SFS), el cual se encuentra realizando las investigaciones correspondientes. De comprobarse irregularidades, la clínica podría ser sancionada conforme a lo establecido en las leyes vigentes y el Reglamento de Infracciones y Sanciones al SFS.
La DIDA reiteró su compromiso de continuar defendiendo los derechos de los afiliados al SDSS, promoviendo el acceso oportuno, digno y sin discriminación a los servicios de salud, y utilizando todos los mecanismos legales e institucionales disponibles para garantizar el cumplimiento de la ley.