El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Jesús Batista Suriel, solicitó este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, reconsiderar el proyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, y proceder con su retiro del Congreso Nacional.
“Creo que el presidente Luis Abinader ha demostrado ser un demócrata a carta cabal. Por lo tanto, considero que ha llegado el momento de sentarse con sus asesores y retirar este proyecto”, expresó Suriel en un comunicado oficial.
El legislador advirtió que, aunque el proyecto no represente una amenaza inmediata, podría sentar un precedente peligroso. “En el futuro podríamos tener una especie de pichón de dictador, como los que ya hemos visto en nuestra historia reciente, y con una ley como esta, podríamos retroceder a las décadas de los años 40, 50 y 60. Señor presidente, usted no puede permitir que este proyecto siga avanzando. Confiamos en que podrá retirarlo, por el bien del país, por su propio bien y por su legado”, sostuvo.
Suriel subrayó que la lucha por la libertad de expresión es, en última instancia, una lucha por la dignidad y el futuro de la nación. En ese sentido, advirtió que la propuesta legislativa “no solo amenaza este derecho fundamental, sino que también podría fomentar un clima de miedo y autocensura, en el que los ciudadanos teman expresar sus opiniones por posibles represalias”.
El proyecto de ley fue remitido recientemente al Senado por el presidente Abinader, según informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. La iniciativa, explicó, contó con la participación de diversos sectores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y juristas, y busca establecer un marco normativo moderno y democrático.
En su carta de remisión al Congreso Nacional, el mandatario indicó que el proyecto tiene como objetivo regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones —prensa, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales—, así como proteger el derecho a la comunicación social, el acceso a la información, y establecer el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como ente regulador.
A pesar de los propósitos declarados, las reacciones críticas han ido en aumento, y diversos sectores reclaman mayor análisis y participación en el proceso de discusión del proyecto.
