El autor de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, denunció que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) está realizando negocios, y dejando de lado sus funciones de planificación, regulación, control del sistema de movilidad, así como garantizar la seguridad vial.
“Con la nueva normativa sobre los cascos que podrán usarse en motocicletas en República Dominicana y cuáles quedan prohibidos, las autoridades del Intrant lo que están haciendo es negocios. Cada casco costará 3 mil 500 pesos, y un motorista deberá comprar dos; uno para él y otro para el pasajero”, explicó.
El congresista pidió a las autoridades del Intrant hacer cumplir la Ley 63-17 en aras de mejorar la movilidad y seguridad vial en las diferentes avenidas, carreteras y calles de todo el país, y no utilizar la institución para hacer negocios personales en perjuicio de la población.
“Lo que hoy se pretende presentar como “nueva regulación” no es más que un parche que desfigura el espíritu de la Ley 63-17 y del Decreto 256-20, instrumentos concebidos para ordenar, identificar y proteger la vida del motociclista. Ni la ley ni su reglamento fueron creados para sostener negocios paralelos, sino para garantizar seguridad real”, puntualizó,
Tobías Crespo recordó que la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios también establece el deber de los gobiernos locales de proteger el interés público y evitar distorsiones en la gestión municipal.
“Cualquier medida que promueva cargas injustificadas o abra espacios a negocios particulares, en detrimento de la seguridad y la transparencia, contradicen el espíritu de esta ley”, indicó el diputado de la FP.
El autor de la Ley 63-17 significó que tanto el conductor del motor, como el pasajero tienen que tener cascos protectores que cumplan los estándares de calidad internacionales, tal y como lo establece la normativa.
“Nosotros abogamos por el cumplimiento de la ley, en aras de garantizar la seguridad vial, pero estamos en contra de que un grupo la utilice para dar exclusividad a ciertas empresas y hacer negocios para llenarse sus bolsillos en detrimento de estos humildes hombres trabajadores”, señaló.
