En una contundente acción legislativa, los bloques parlamentarios de los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) sometieron este miércoles ante la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados una solicitud de interpelación dirigida a la ministra de Interior y Policía, así como al director general de la Policía Nacional.
La iniciativa surge en respuesta a lo que los legisladores califican como un “desbordamiento sin control” de la Policía Nacional, con actuaciones que, según afirman, vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Rafael Augusto Castillo, vocero del bloque de Fuerza del Pueblo, expresó que la situación actual refleja una preocupante tendencia autoritaria: “La Policía Nacional se está convirtiendo en una institución trujillista, sin control. Es urgente que estos funcionarios vengan al Congreso a dar la cara por lo que está ocurriendo en las calles con nuestra gente.”
Por su parte, Gustavo Antonio Sánchez, vocero del PLD en la Cámara Baja, enfatizó el rol constitucional del Congreso como fiscalizador: “Tenemos la responsabilidad de exigir rendición de cuentas. La ministra debe explicar cómo pretende salir impune ante estas violaciones flagrantes a derechos ciudadanos, como ingresar sin orden judicial a espacios públicos concurridos.”
Desde el PRD, el diputado Ramón Raposo también se sumó a las críticas: “Estamos ante una ministra intolerante, que actúa como si viviéramos en una dictadura. La sociedad exige respeto a sus derechos, no atropellos.”
Los legisladores señalaron que estas preocupaciones se sustentan en varios artículos constitucionales, como el artículo 7 sobre el Estado social y democrático de derecho, el artículo 44 que establece la inviolabilidad del domicilio, y el artículo 51 sobre la protección de la propiedad privada. También denunciaron un patrón de acciones policiales como incautación arbitraria de bienes y allanamientos sin orden judicial, lo que podría constituir una desviación de poder.
Se espera que la Cámara de Diputados defina en los próximos días la fecha para recibir a los funcionarios interpelados, en una comparecencia que podría marcar un precedente importante en la supervisión del poder ejecutivo desde el Congreso.
