Una comisión especial de la Cámara de Diputados presentó este miércoles un informe con propuestas de modificación al Código Penal, en las que se incluyen nuevas sanciones para miembros de cuerpos de seguridad que obstaculicen a ciudadanos grabar intervenciones como arrestos, registros o allanamientos.
El artículo 286 del proyecto prohíbe que agentes policiales o militares limiten el derecho a grabar procedimientos en los que estén involucrados ellos mismos o terceros.
"(Sería) sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de una a dos veces el salario que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción", dispone.
Sin embargo, el texto incluye una excepción que protege la actuación de los agentes cuando la grabación interfiera con su labor o ponga en riesgo su integridad física. Además, establece que la grabación no podrá ser publicada sin el consentimiento de la persona directamente afectada, como medida de protección a su privacidad.
Control en revisiones vehiculares
Otra de las propuestas es penalizar las inspecciones de vehículos realizadas sin justificación legal. El nuevo artículo establece que:
"El agente policial, militar o funcionario encargado de hacer cumplir la ley que ordene o realice la revisión de un vehículo de motor, fuera de los supuestos expresamente autorizados por la ley, o en ausencia de causa probable de una infracción penal, será sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público".
Si durante la revisión se usa la fuerza de manera excesiva, se causa daño al vehículo o se intimida al ciudadano, las sanciones aumentan a penas de uno a dos años de prisión y multas de tres a seis salarios mínimos.
