Santo Domingo- La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recordó este miércoles que la atención de la sociedad dominicana debe centrarse en las “graves y serias” imputaciones penales que pesan sobre el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y no en el nombre que el Ministerio Público ha asignado a la operación.
“Ahora mismo la sensibilidad y la susceptibilidad están a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos (los imputados) tuvieron esa misma sensibilidad cuando se robaron el patrimonio público”, expresó Ortiz al ser abordada por la prensa tras el aplazamiento del juicio de fondo contra los acusados, que fue reprogramado para el 23 de junio por la ausencia del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto.
Ortiz lamentó que se cuestione el nombre del caso, cuando “a lo que verdaderamente deberíamos estar pendientes es a las imputaciones graves, serias, que pesan sobre el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el resto de los acusados”.
El proceso judicial involucra a Rodríguez Sánchez y a otros 15 imputados, entre ellos Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
A todos se les atribuyen delitos de corrupción administrativa, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, supuestamente cometidos durante la gestión de Jean Alain Rodríguez como procurador general de la República entre 2016 y 2020. Según el expediente, el grupo habría malversado más de RD$6,000 millones mediante un entramado de procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el envío a juicio de fondo el 29 de junio de 2023, tras valorar la acusación del Ministerio Público, que también incluye a 41 personas físicas y 22 empresas supuestamente implicadas en esta red de corrupción.
