EFE.-El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) renunció este lunes a la prescripción del caso por el que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y cuya fecha límite es el 16 de octubre próximo.
«A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad», dijo Uribe en una carta enviada al Tribunal Superior de Bogotá, que estudia la apelación de su condena.
Tras recordar que la acción penal en este caso «prescribe el 16 de octubre de 2025, es decir en menos de dos meses» Uribe, en una carta enviada a los magistrados manifiesta su «deseo de renunciar a la prescripción», lo que significa que irá hasta el final del proceso.
Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado 28 de julio en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.
La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, le impuso cuatro días después, el 1 de agosto, una pena de doce años de cárcel en régimen domiciliario y ordenó su detención inmediata.
Sin embargo, la semana pasada el Tribunal Superior de Bogotá aceptó un recurso de su defensa y le concedió la libertad mientras se resuelve en segunda instancia la apelación.
Proceso largo y complejo del expresidente Álvaro Uribe
El exmandatario, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, en la oposición, explicó que su decisión de renunciar a la prescripción obedece a la confianza que le tienen «la patria» y sus «compatriotas», que lo pone en la «encrucijada» de «dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente», que es el de «la verdad».
«En ese sentido, sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere», expresó el exmandatario sobre el corto plazo que tienen el tribunal para fallar en segunda instancia sobre una sentencia de 1.114 páginas y una apelación de más de 900.
Por eso instó al Tribunal a «escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes» para tomar su decisión final.
Intensa actividad política
«La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba», añadió.
A pesar de la condena, Uribe ha mantenido primero desde su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín, y luego en libertad, una intensa actividad política relacionada con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, dando indicaciones a sus compañeros de partido.
Este caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra e involucraran a su rival.
