La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) expresó su valoración positiva frente a la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, aprobado mediante la Ley núm. 74-25, que reemplaza el antiguo cuerpo legal vigente desde 1884. La organización reconoce que esta reforma representa un paso clave en la modernización del sistema penal nacional.
Desde el punto de vista empresarial joven, ANJE considera que el marco actual ya resulta obsoleto frente a los retos del siglo XXI.
Figuras penales
En ese sentido, destaca la incorporación de más de 70 nuevas figuras penales, entre ellas el feminicidio, el crimen organizado, la corrupción, los delitos tecnológicos, el sicariato, la violencia económica y la difusión de deepfakes con fines extorsivos.
Observaciones críticas al nuevo texto
No obstante, la asociación también señala que el texto promulgado presenta inconsistencias, según han advertido actores tanto del Congreso como del Ejecutivo. Estas deben ser revisadas durante el período de vacatio legis que finaliza en agosto de 2026 para garantizar una implementación adecuada.
Uno de los puntos de mayor inquietud para el sector empresarial es la formulación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en particular el artículo 8 y disposiciones relacionadas.
La redacción actual establece que las empresas podrían ser procesadas por delitos cometidos por “subordinados”, lo que incluye empleados y contratistas, independientemente de que estos tengan o no representación legal de la compañía.
Obligación empresas
Este enfoque implicaría que todas las empresas estarían obligadas a adoptar programas internos de cumplimiento, sin que estos sirvan como exención de responsabilidad penal. Para ANJE, esto podría generar mayores costos y trabas regulatorias, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), afectando los incentivos para la formalización.
Retrocesos en temas de derechos
Adicionalmente, la entidad señala que persisten vacíos importantes en el texto legal en materia de protección de derechos fundamentales, en especial para mujeres, adolescentes y niñas.
ANJE llama la atención sobre la falta de definiciones claras en torno al feminicidio y la exclusión de causales específicas para la interrupción voluntaria del embarazo, lo que, a su juicio, representa un retroceso frente a estándares de derechos y equidad.
A pesar de estos señalamientos, la organización reafirma su respaldo a un marco legal moderno y funcional, que combine institucionalidad, seguridad jurídica, derechos humanos y sostenibilidad empresarial.
