Santo Domingo. La Dirección General de Pasaportes, encabezada por Lorenzo Ramírez, anunció que el proyecto para la implementación del pasaporte electrónico o biométrico en República Dominicana no representará un gasto para el Estado. Según explicó Ramírez, el modelo de licitación establece que las inversiones iniciales serán financiadas completamente por la empresa proveedora, y el Estado solo pagará por cada libreta emitida efectivamente a los ciudadanos.
Modelo de financiamiento y transparencia
El proyecto ha sido diseñado bajo un esquema de pago por emisión, donde la compañía contratada asumirá los costos de fabricación, infraestructura tecnológica y demás inversiones necesarias para el desarrollo del documento. Esta estructura asegura que los recursos públicos no serán comprometidos.
Ramírez destacó que la licitación fue elaborada con la asesoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y cuenta con la supervisión de una comisión de veedores independientes, garantizando la transparencia y alineación con las normativas internacionales.
Beneficios del pasaporte electrónico
El pasaporte electrónico o biométrico incluirá un microchip con información del titular y avanzadas medidas de seguridad que dificultan la falsificación y la suplantación de identidad. Este estándar, ya adoptado en más de 135 países, no solo fortalecerá la seguridad nacional, sino que también facilitará los viajes internacionales de los dominicanos.
“La implementación de este documento es un paso crucial hacia la modernización de los servicios públicos y la protección de los datos de los ciudadanos”, afirmó Ramírez.
Proyección de emisión
Durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, Ramírez informó que el primer pasaporte electrónico dominicano estará disponible para mediados del año 2025. La Dirección General de Pasaportes ha trabajado en la optimización de sus procesos internos para mejorar la atención a los ciudadanos, incrementando la eficiencia y la calidad del servicio.
La medida representa un avance significativo en la transformación digital del país y un ejemplo de cómo las asociaciones público-privadas pueden generar beneficios sin cargar al Estado con costos adicionales.
