El sector empresarial de la República Dominicana expresa su profunda preocupación y su rechazo a la aprobación en primera lectura, por parte del Senado de la República, del proyecto de modificación al Código de Trabajo, con un enfoque que lejos de modernizar nuestro marco normativo representa un retroceso.
Tras revisar el texto aprobado, constatamos que desconoce importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere. Por el contrario, introduce disposiciones que:
● Aumentan significativamente los costos laborales, sin considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 98% del tejido productivo nacional.
● Desincentivan la creación de nuevos empleos formales, en un contexto en que la informalidad ya supera el 55 % de la fuerza laboral, al tiempo que atenta con los esfuerzos de formalizar las empresas.
● Sobrecargan los procesos judiciales, generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero.
Desde el inicio de las discusiones sobre la necesidad de actualizar la legislación laboral, hemos reiterado nuestra disposición al diálogo, con el objetivo de alcanzar un consenso que preserve los derechos fundamentales de los trabajadores, impulse la productividad, fomente la creación de empleos formales y fortalezca la competitividad de nuestra economía.
Esta reforma envía una señal negativa en un momento en que el país enfrenta grandes retos globales, que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro.
El sector empresarial, en su compromiso con el bienestar de todos los dominicanos y el desarrollo sostenible del país, trabaja con optimismo y determinación para contribuir al plan “Meta RD 2036”, que aspira duplicar el producto interno bruto (PIB) real de la República Dominicana en los próximos 12 años. Para lograrlo, necesitamos un marco laboral que fomente el crecimiento, la formalidad y la competitividad.
Insistimos en que cualquier reforma al Código de Trabajo debe ser fruto de un proceso amplio, participativo y basado en estudios técnicos que evalúen sus impactos económicos y sociales.
Por ello, hacemos un llamado al Congreso Nacional y a las autoridades competentes a retomar el diálogo tripartito, con la participación activa de empleadores, trabajadores y Gobierno, para construir un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las futuras generaciones.
La República Dominicana merece una reforma laboral verdaderamente transformadora: que genere más y mejores empleos y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos.
