Santo Domingo.– Aunque comúnmente se asocian las exoneraciones fiscales de vehículos a funcionarios, diplomáticos y grandes concesionarios, datos oficiales revelan que las iglesias figuran entre los principales beneficiarios de este régimen tributario, amparadas en una estructura legal que ha permanecido prácticamente intacta durante décadas.
Entre 2020 y 2024, instituciones religiosas importaron vehículos por más de RD$713 millones sin pagar impuestos, lo que representó una pérdida fiscal superior a RD$294 millones, según registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) analizados por el periódico Listín Diario. Entre los vehículos exonerados figuran modelos de alta gama como BMW X7, Mercedes-Benz GLE 350, Volvo XC90 y Lincoln Corsair, lo que ha encendido alarmas sobre el uso real de estos beneficios.
El marco legal que permite estas exenciones tiene su base en el Concordato firmado entre el Estado dominicano y la Santa Sede en 1954, extendido luego a otras denominaciones religiosas mediante disposiciones administrativas. Si bien el objetivo original era facilitar la labor espiritual, educativa y comunitaria de las iglesias, el uso actual del régimen plantea serias dudas sobre su pertinencia y supervisión.
Las cifras muestran que la Iglesia de Dios Inc. importó 58 vehículos, seguida por la Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día, con 56. También figuran entidades como el Obispado de San Francisco de Macorís, el Obispado de Santo Domingo, el Instituto Politécnico Loyola y la Compañía de Jesús.
No obstante, los vehículos no siempre aparecen a nombre de las iglesias. En muchos casos, las exoneraciones son gestionadas por concesionarios privados como Delta Comercial S.A., que vendió 185 unidades a instituciones religiosas. Esto revela fallas estructurales en los mecanismos de control, ya que los verdaderos beneficiarios del régimen no siempre están claramente identificados.
Además, no existen auditorías públicas regulares ni mecanismos de verificación efectivos que confirmen si los vehículos son utilizados con fines religiosos, educativos o comunitarios. Esta falta de fiscalización ha permitido que el régimen de exenciones derive en un instrumento de consumo privilegiado, más que en un apoyo a misiones sociales.
En el caso de las iglesias evangélicas, las exoneraciones se tramitan a través del Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), en coordinación con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-RD), aunque el mismo vacío de supervisión se mantiene.
Expertos y sectores sociales coinciden en que no se trata de eliminar el beneficio, sino de reformarlo con transparencia y criterio. Se plantea la necesidad de establecer un registro público de beneficiarios, definir requisitos objetivos, limitar el tipo de vehículos permitidos y aplicar auditorías sistemáticas. Sin estos cambios, el régimen seguirá siendo una fuga de recursos públicos sin retorno social verificable.
En tiempos donde se discuten reformas fiscales y racionalización del gasto, este tipo de privilegios mal gestionados representan una distorsión severa del sistema tributario y una amenaza para la equidad fiscal.
