El gobierno dominicano ha ratificado su compromiso con la política de repatriación de migrantes indocumentados, desmintiendo las recientes afirmaciones de la Canciller haitiana, Dominique Dupuy, quien aseguró que Haití ha logrado una “reducción de las deportaciones” debido a los esfuerzos de su país.
La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, negó categóricamente la versión de Dupuy, calificándola de “falsa” y advirtiendo que estas declaraciones buscan “interferir en los asuntos internos” de la República Dominicana. Según Raful, la política migratoria del país es un derecho soberano e innegociable que no puede ser influenciado por presiones externas.
“La política migratoria es un derecho soberano de cada Estado. Ningún país ni organización internacional tiene potestad para interferir en las decisiones internas de la República Dominicana. Continuaremos con el objetivo de repatriar a 10,000 migrantes indocumentados por semana, en pleno ejercicio de nuestra soberanía”, expresó Raful en su cuenta de X (anteriormente Twitter), destacando que las deportaciones se realizan conforme a las leyes nacionales y la Constitución Dominicana.
Raful también informó que, entre el 2 de octubre y el 5 de noviembre de este año, la Dirección General de Migración ha repatriado a 60,961 migrantes indocumentados, resaltando que estas deportaciones se llevan a cabo respetando los derechos humanos, pero sin ceder a presiones internacionales.
Por su parte, la Canciller haitiana, Dominique Dupuy, había afirmado en sus redes sociales que, como resultado de la “solidaridad” con los aliados internacionales de Haití, se ha registrado una disminución en las deportaciones de haitianos desde la República Dominicana. Sin embargo, el gobierno dominicano ha desmentido estas aseveraciones, reiterando que su plan de repatriaciones continúa de manera firme y sin alteraciones.
La controversia entre ambos gobiernos refleja las tensiones existentes en torno a la cuestión migratoria, con la República Dominicana manteniendo su postura de repatriar a los migrantes indocumentados mientras se enfrenta a crecientes críticas internacionales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
