La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se pronunció de manera contundente frente a la investigación que realiza el Ministerio Público sobre un supuesto esquema de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que los hechos señalados representan una grave afrenta al sistema de salud y a la confianza ciudadana.
Durante una intervención en un espacio de comunicación, la funcionaria expresó que, pese a la prudencia que suele mantener por respeto a los procesos judiciales, la naturaleza de las acusaciones amerita una postura clara y sin ambigüedades. A su entender, se trata de un caso que debe ser abordado con total rigor por los órganos de justicia.
Raful manifestó que cualquier acción que comprometa recursos destinados a servicios esenciales resulta inaceptable, subrayando que la sociedad espera respuestas firmes cuando se trata de posibles actos de corrupción que afectan directamente a la población más vulnerable.
Confianza en la justicia y respeto institucional
La ministra destacó la labor del Ministerio Público y reiteró su respaldo a que las investigaciones se desarrollen de forma independiente y conforme al marco legal. Valoró, además, la decisión del Poder Ejecutivo de no interferir en el proceso, lo que —según afirmó— refuerza el fortalecimiento institucional del país.
Indicó que el caso Senasa marca un punto relevante en la lucha contra la corrupción, al permitir que las autoridades competentes actúen sin privilegios ni excepciones, incluso cuando se trata de funcionarios vinculados al gobierno.
Repercusiones y postura política
Raful reconoció que situaciones como esta generan un impacto político significativo, especialmente para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al tratarse de una organización que ha enarbolado la transparencia como uno de sus pilares fundamentales. No obstante, sostuvo que enfrentar estos casos con responsabilidad es la única vía para preservar la credibilidad del sistema democrático.
Finalmente, reiteró su compromiso personal con la ética pública y afirmó que la ciudadanía merece respuestas claras y sanciones proporcionales si se comprueba responsabilidad penal. A su juicio, garantizar justicia en este caso es esencial para proteger los recursos del Estado y la integridad del sistema de salud nacional.
