Los índices de siniestralidad vial están llevando al Gobierno a implementar medidas urgentes, una situación que ha causado tragedia en los hogares dominicanos. Durante la “temporada de pandemia” (2020-2022), las muertes por accidentes de tráfico aumentaron un 96% en comparación con las causadas por la Covid-19.
En respuesta a esta alarmante realidad, se ha creado un “comando secreto” que se reúne cada viernes en la sede del Ministerio de Interior y Policía (MIP). Esta instancia busca convertir el pago de multas de tránsito en obligatorio como parte de un régimen de consecuencias más efectivo.
La titular del MIP, Faride Raful, expresó durante un encuentro con el periodico LISTÍN DIARIO su intención de reformar la Ley 63-17 de Tránsito y Movilidad. “Estamos proponiendo una reforma a la ley de tránsito específicamente en este aspecto, para hacer obligatorio el pago de las multas. Todos coincidimos en que, sin un régimen de sanciones, las personas evaden la responsabilidad que les corresponde”, afirmó Raful.
En esta entrevista, abundó que se está proveyendo de mayores recursos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con la reciente disposición de 10 camionetas que operan en las principales avenidas del país y suministro de más de 300 miembros de la policía auxiliar, de los cuales se propone otro ingreso de 600 procedentes de la graduación pautada para abril.
Relación con el alcohol
A través de una exposición, Raful mostró indicadores de la relación del consumo de alcohol con los accidentes de tránsito, de cuya ocurrencia se concentra el 56.4% en los días domingo, sábado y lunes, mayormente en la madrugada, que implica fiestas e ingesta.
Explicó que los puntos críticos de los siniestros se concentran en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia, haciendo una pausa en esta última mención, porque le “preocupa profundamente” la incidencia de motocicletas y autobuses, que motiva a intervenciones con el objetivo de un sistema de prevención.
Las víctimas recurrentes en los accidentes vienen de la colisión de dos o más vehículos en un 60.8%, seguido de atropello al peatón (6.0%), accidente de un solo vehículo sin colisión (5.8%), colisión con obstáculos fijos (5.8%) y la denominación “otros” (21.6%).
“Estos atropellos al peatón son personas que cruzan las avenidas. Hay un tema de personas que a veces son enajenados, otros que vienen a alta velocidad, en horas nocturnas también; la gente se los lleva, incluso en motocicletas. Hay un tema con el uso del peatón”, explicó Raful sobre la cantidad de atropellados.
De acuerdo con el perfil de los fallecidos, sugirió que la mayor parte de estos obedecen a jóvenes, con el 38% ubicado en edades entre 15 y 29 años, que representan más de un tercio de la mortalidad. Los mismos conectan con los usuarios de las motocicletas, que no llevan casco, no portan luces y “calibran”.
Y es que, según presentó, el 65.5% de muertes en las vías recayeron en quienes iban a bordo de una motocicleta, mientras que disminuyendo a un 13.0% en caso de automóvil; 9.2% peatón; 3.7% yipeta; 3.2% vehículos de carga; 1.6% camionetas; 1.0% autobuses y 0.1% bicicletas.
Los decesos estuvieron ocurriendo, en la mayor parte, en las carreteras (33.7%), sin embargo, las preocupaciones suceden de los muertos dentro de las ciudades, pues las avenidas y calles se combinan para un 36.9%.
En tanto que los dolores de cabeza en el manejo fuera de las ciudades viene por la siniestralidad de las autopistas Duarte, 6 de Noviembre y carretera Sánchez, donde, según adelantó, se ejecutan intervenciones los fines de semana, instalan reductores de velocidad, radares digitales de prueba piloto y alcoholímetros.
Infracciones
A partir de 2021, las autoridades registran totales de infracciones por encima de 1.5 millones en cada año, por lo que el Ministerio de Interior y Policía es abanderado de impulsar una reforma puntual que convierta a las multas en un pago obligatorio.
En la actualidad, el instrumento legal establece un sistema de puntos que no se aplica y montos por las infracciones que tampoco se acogen, sino que los pagos son realizados de acuerdo a un tarifario luego de entenderse que las multas estaban elevadas.
“Ahora se está trabajando en ese sistema de fiscalización para que la gente pueda inmediatamente ir a pagarla y que nosotros tengamos un mayor control”, afirmó Raful.
La ministra está consciente de que “estamos incumpliendo las normas de tránsito, se está manejando bajo los efectos del alcohol, las señalizaciones no alertan, o sea, esto es un tema integral, por eso es que tenemos que ver”, dijo.
Cruces críticos
En lo inmediato, Raful comentó que trabajan también en eliminar cruces críticos en autopistas y carreteras que fueron levantados de manera legal e ilegal, los cuales serán cerrados en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Estos han sido identificados, existiendo en la zona norte solo nueve en La Vega, donde hasta el 28 febrero contabilizaron 32 accidentes, 41 lesionados y nueve fallecidos; seis en Monseñor Nouel, que causaron dos muertes, en tanto que ocho en la avenida Joaquín Balaguer, con nueve decesos.
La diversidad de cruces donde se registraron accidentes, lesionados y fallecidos están en los tramos Puerto Plata-Navarrete, autopista del Nordeste, 6 de noviembre, San Cristóbal-carretera Sánchez y la misma conectada a Peravia, Azua y Barahona.
Igualmente, en los trayectos Azua-Barahona, Azua-San Juan-, Azua-Pueblo Viejo, Barahona-Cabral, Paraíso-Barahona, autopista Las Américas, del Coral, autovía del Este, Boulevard Turístico del Este, avenida Barceló, Punta Cana, Cabeza de Toro, El Seibo-Higüey, Higüey-Macao, Miches, Bávaro, El Seibo-Cruce de Pavón, Bávaro-Miches, Higüey-Yuma, Cruce de Pavón-La Otra Banda, La Otra Banda-Verón, Higüey-El Seibo.
Para lo adelante, Interior y Policía tiene en la agenda, como parte de sus esfuerzos en la seguridad vial, apoyar a la Policía Preventiva para la fiscalización de motocicletas y la retención de estas, realizar cierre de cruces, iluminar las carreteras y colocar reductores en lugares estratégicos.
También lo será enfocar la fiscalización del Gran Santo Domingo y Santiago, aumentando y garantizando su eficiencia. Asimismo, disponer de inteligencia para evidenciar las carreras clandestinas, modificación inmediata a la ley de tránsito para que las multas no prescriban y aumentar las penas en casos de dolos eventuales.
Lo propio será aumentar el uso de los alcoholímetros, aplicar los radares digitales y materializar el registro nacional de motocicletas frente a la realidad de ensamblaje local. “Hay otro tema de motocicletas que son ensambladas en República Dominicana, que andan usuarios en ellas sin registro”, confesó Raful.
