La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, alertó sobre la necesidad inmediata de fiscalizar y registrar las motocicletas que circulan en el país, señalando que estos vehículos están involucrados en el 70 % de las muertes por accidentes de tránsito y en la mayoría de los asaltos armados, según datos del mapa de calor de criminalidad.
Durante su intervención en el Primer Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta, Raful recalcó que la formalización del sector no puede seguir postergándose. En esa línea, explicó que han creado la Fuerza de Tarea Vial con el objetivo de implementar soluciones ciudadanas que contribuyan a salvar vidas.
“Es necesario educar a esa población sobre los riesgos de pérdida de vidas, hacer cumplir las normas y la Ley de Tránsito, además de regularizar cada vehículo de motor que entre al país y asegurar que traiga un casco certificado con los estándares de seguridad”, puntualizó.
Raful también afirmó que su ministerio está proporcionando herramientas tecnológicas a las instituciones responsables de abordar esta problemática, con el fin de hacer su trabajo más eficiente.
Por su parte, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó la necesidad de establecer un régimen de consecuencias ante el creciente número de muertes relacionadas con motocicletas y el aumento de la criminalidad. “Esto es una pandemia que hay que controlar de una u otra forma”, declaró.
Reynoso añadió que el país cuenta con dos cárceles nuevas, pero expresó su deseo de que no se llenen con personas responsables de muertes accidentales. Señaló que, a partir de ahora, se aplicarán sanciones y propuso impulsar una reforma legal para endurecer las penas en estos casos.
En la apertura del foro, Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), destacó que esta iniciativa representa un esfuerzo sin precedentes al integrar al Estado, al sector privado y a los sindicatos en un objetivo común: la regulación y fiscalización del sector de las motocicletas.
Morrison sostuvo que el uso del casco protector y la conducción responsable deben ser obligatorios, y quienes no acaten estas normas deben asumir las consecuencias. “Este es un proceso de transformación de este sector que debe recibir el apoyo de toda la sociedad, porque es una realidad que nos preocupa a todos y cuenta con el apoyo total del presidente Luis Abinader”, indicó.
