Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó este martes ante la Cámara de Diputados un documento con 14 observaciones consideradas críticas para la corrección del proyecto de Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al advertir que la iniciativa, tal como está planteada, podría vulnerar derechos fundamentales.
Durante la entrega formal del documento, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que el proyecto debe alejarse de cualquier “rastro autoritario” y eliminar ambigüedades que puedan afectar la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos constitucionales.
Protección de derechos y control institucional
Castaños Guzmán explicó que una de las principales preocupaciones de la entidad es el alcance de las facultades otorgadas al DNI, especialmente en lo relativo a la recolección de datos personales. En ese sentido, FINJUS planteó que cualquier solicitud de información a entidades privadas, financieras o de telecomunicaciones sea de carácter casuístico y cuente con autorización judicial previa.
La fundación rechazó el acceso “indiscriminado” a información financiera y propuso que el organismo de inteligencia no solo rinda cuentas al Poder Ejecutivo, sino que también esté sujeto a la fiscalización de una comisión bicameral del Congreso, como mecanismo de control democrático y garantía del respeto a los derechos humanos.
Transparencia, prensa y funciones del Ministerio Público
En el plano administrativo, FINJUS se opuso a que el DNI quede totalmente exento de la Ley de Compras y Contrataciones, sugiriendo que las excepciones se limiten únicamente a asuntos estrictamente vinculados a la seguridad nacional.
Asimismo, Castaños Guzmán subrayó la necesidad de proteger el secreto profesional y las fuentes periodísticas, al advertir que la normativa no puede desconocer el marco vigente de protección de datos personales ni afectar el ejercicio libre del periodismo.
La entidad también alertó sobre una posible invasión de funciones del Ministerio Público. En ese contexto, propuso que el proyecto obligue al DNI a remitir de inmediato a la Procuraduría General de la República cualquier hallazgo con indicios penales y que se establezca un régimen de responsabilidad penal para los agentes que actúen fuera del marco legal.
Principales observaciones
Entre los puntos más relevantes señalados por FINJUS figuran:
- La limitación clara de las facultades de recolección de datos, con control judicial previo.
- La fiscalización del DNI por parte del Congreso, además de la supervisión del Poder Ejecutivo.
- Garantías explícitas para la libertad de prensa, la privacidad y los derechos fundamentales.
FINJUS concluyó que el sistema de inteligencia del Estado debe funcionar como un mecanismo de respuesta ante amenazas reales, sin convertirse en una herramienta que comprometa las libertades públicas ni el Estado de derecho.
