La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) expresó su preocupación ante la posibilidad de una fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que una decisión de esa naturaleza no puede limitarse a un ajuste administrativo, sino que implicaría una transformación profunda del Sistema Nacional de Educación.
Mediante un pronunciamiento público, la organización señaló que cualquier cambio en la estructura institucional del sector educativo debe abordarse con especial cuidado, ya que la educación es un derecho fundamental protegido por la Ley 66-97, la cual lo establece como permanente e irrenunciable para todos los ciudadanos.
Finjus sostuvo que una reforma de esta envergadura exige un amplio consenso nacional, apoyado en estudios técnicos sólidos, datos verificables y el análisis de experiencias internacionales comparables. A su juicio, una fusión impulsada sin estos elementos podría provocar vacíos legales y afectar la estabilidad de políticas públicas clave para el desarrollo educativo y científico del país.
La entidad también alertó sobre los posibles riesgos en materia de gobernanza, financiamiento y seguridad jurídica. Indicó que la concentración de funciones con misiones distintas podría generar conflictos en la asignación de recursos, especialmente en lo relativo al 4 % del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria.
Según Finjus, este escenario podría poner en peligro la sostenibilidad financiera de la educación básica y media, así como crear incertidumbre sobre los fondos destinados a la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Asimismo, recordó que el marco legal vigente, sustentado en las leyes 66-97 y 139-01, establece una clara diferenciación funcional entre ambos ministerios, precisamente para garantizar una gestión especializada de los distintos niveles educativos y del sistema de ciencia y tecnología.
La fundación enfatizó que cualquier intento de unificación institucional requeriría la aprobación de una ley orgánica, al tratarse de una reorganización sustancial del Estado que modificaría competencias establecidas por ley.
Finjus criticó la falta de un proceso participativo amplio que incluya a docentes, académicos, investigadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, lo que —a su entender— convierte la propuesta en una iniciativa apresurada.
Finalmente, la entidad instó a las autoridades a priorizar el diálogo inclusivo, el fortalecimiento de las instituciones existentes y el respeto al ordenamiento jurídico actual, como pasos indispensables antes de impulsar cualquier reforma estructural que impacte el derecho a la educación y el desarrollo científico y tecnológico de la República Dominicana.
