La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) anunció que, a partir de septiembre de este año, las instituciones públicas que no alcancen al menos 85 puntos en las evaluaciones de sus portales de transparencia serán objeto de sanciones, en cumplimiento del Decreto No. 166-25, emitido por el presidente Luis Abinader.
La directora de la Digeig, doctora Milagros Ortiz Bosch, indicó que esta medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y fortalecer la integridad en el ejercicio de la función pública. Advirtió que los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades informativas serán excluidos del pago de compensaciones extraordinarias y podrán enfrentar sanciones administrativas, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos e incluso prisión en casos graves.
Ortiz Bosch explicó que la normativa tiene un enfoque tanto preventivo como correctivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. “La Ley No. 200-04 garantiza el derecho ciudadano a conocer cómo se invierten los recursos públicos. Por eso, darle cumplimiento implica también que el Estado esté obligado a ofrecer datos de forma eficiente, actualizada y en formatos reutilizables”, puntualizó.
El decreto establece que los niveles de cumplimiento en transparencia se integrarán a los acuerdos de desempeño individual de los servidores públicos, supervisados por el Ministerio de Administración Pública (MAP). Las metas de transparencia representarán 16 puntos del total de la evaluación funcional.
Para facilitar la implementación, la Digeig distribuirá una matriz de responsabilidad informacional a todas las instituciones del Poder Ejecutivo. Esta herramienta detallará qué información debe publicarse, quién es el responsable, con qué frecuencia y en qué formato. Las entidades tendrán un plazo de 30 días laborables para completarla y remitirla con los criterios de verificación correspondientes.
Además, se establece el uso obligatorio del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), el cual centralizará las solicitudes ciudadanas, consolidando los procesos de transparencia activa y pasiva.
Estas disposiciones aplicarán a todos los órganos y entes de la administración pública central y descentralizada que dependan del Poder Ejecutivo, con el fin de fomentar una cultura de rendición de cuentas sustentada en datos abiertos y gestión informacional responsable.
Ortiz Bosch recordó que los incumplimientos reiterados también podrán ser sancionados conforme a la Ley No. 41-08 de Función Pública, lo que refuerza el carácter obligatorio de estas medidas dentro del marco jurídico nacional.
Finalmente, la Digeig afirmó que las disposiciones del Decreto No. 166-25 se ejecutarán bajo un esquema de supervisión continua y acompañamiento técnico, para fortalecer el acceso a la información pública, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
