El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está siendo demandado en los tribunales por organizaciones defensoras de los inmigrantes, tras implementar una nueva política que restringe el acceso de inmigrantes, incluso legales, a programas federales de salud y asistencia social.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció este miércoles que modificó una demanda ya existente contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para incluir la nueva directiva que, según argumentan, contradice una interpretación establecida desde hace décadas de la ley de 1996 conocida como PRWORA.
Esta reinterpretación impide que inmigrantes indocumentados, así como residentes permanentes y refugiados, accedan a programas como Medicaid (excepto en casos de emergencia), el programa de asistencia nutricional SNAP, los subsidios bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, y otros beneficios públicos. Además, limita el acceso a recursos locales como el programa Head Start, destinado a niños menores de cinco años.
El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., defendió la medida, afirmando que busca “restaurar la integridad de los programas sociales federales, reforzar el estado de derecho y proteger recursos esenciales para los ciudadanos estadounidenses”. Según Kennedy, el país ha invertido fondos públicos durante años en lo que calificó como “incentivos a la inmigración ilegal”.
La respuesta de los grupos defensores de inmigrantes fue inmediata. Han llevado el caso a un tribunal federal en el estado de Washington, argumentando que la nueva política afecta directamente a niños y familias vulnerables.
Ming-Qi Chu, subdirectora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU, calificó la medida como “ilegal” y denunció que representa un ataque directo a las familias a las que estos programas buscan ayudar. “Es una decisión que contradice claramente tanto el texto de la ley como la intención del Congreso”, afirmó.
De acuerdo con la demanda, los cambios impulsados por la administración Trump, sumados a recortes de personal y retrasos en la atención, ponen en riesgo servicios esenciales de salud, nutrición y educación temprana que benefician a más de 800.000 niños y familias cada año.
