SANTO DOMINGO.- Gonzalo Castillo, uno de los imputados en la denominada operación Calamar, se presentó este miércoles con su abogado a la audiencia donde el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conoce la solicitud de un criterio de oportunidad pedido por el Ministerio Público (MP) en favor de seis imputados en esta supuesta red de corrupción.
En ese sentido, uno de sus abogados, Luis Rivas, consideró que como imputado Castillo tiene el derecho de participar de esa audiencia.
Rivas dijo que el propósito fundamental es que el tribunal examine la legalidad de los acuerdos que hace el órgano acusador con los involucrados, a los que decidió solicitar la extinción de la acción penal.
El togado también consideró que el criterio de oportunidad presentado por el MP para Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Victor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkiz Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Grupo DIBEFE, S.R.L, no procede.
Explicó que antes de hacer acuerdos con los acusados, el MP debió presentarlo al tribunal para que decida sobre el mismo, asegurando que es violatorio al Código Procesal Penal Dominicano.
Mientras que la jueza Altagracia Ramírez Cruz, conocerá esta tarde dicha solicitud en la que el Ministerio Público pide también declarar el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes e inmuebles que serán entregados de manera voluntaria por cada acusado.
Cabe resaltar que conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, el Ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, a algunos de los imputados, o limitarse a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido.
En este caso Calamar, de acuerdo al expediente acusatorio, que involucra a 46 imputados, incluyendo 34 personas físicas y 12 jurídicas, con 3,662 páginas y más de 2,000 pruebas y los encarta de sustraer más 21 mil millones de pesos del erario público.
