El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), en conjunto con la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), expresaron su profunda preocupación ante las implicaciones constitucionales y democráticas que tendría la aprobación de las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según los gremios y organizaciones civiles, las modificaciones propuestas por el Senado de la República violan la Constitución al atribuir al TSE competencias que exceden sus funciones constitucionales. Particularmente, señalaron el artículo 12, numeral 10, que otorga al TSE la facultad de resolver conflictos internos de gremios y asociaciones profesionales, algo que, según denuncian, desnaturaliza su rol de órgano especializado en materia electoral y política.
“Estas disposiciones constituyen un precedente peligroso y antidemocrático, atentando contra la libertad de asociación y la autonomía de los gremios”, alertaron. Asimismo, llamaron a los diputados a corregir los desajustes legales antes de su aprobación final, respetando los límites establecidos en el artículo 214 de la Constitución, que delimita las competencias del TSE exclusivamente a asuntos electorales y democráticos.
El CARD recordó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0508/21, ya declaró inconstitucionales competencias similares que el legislador intentó atribuir al TSE. La decisión enfatizó que el TSE no puede asumir funciones fuera del marco constitucional definido por el artículo 214, y subrayó que las competencias de los órganos constitucionales deben respetar el principio de separación de poderes.
Las organizaciones civiles instaron a todos los gremios, asociaciones profesionales y entidades no gubernamentales a formar un frente común para exigir respeto a la Constitución y evitar la cooptación política de las asociaciones civiles. "El control político sobre los gremios representaría una amenaza grave al Estado de Derecho y a las libertades fundamentales", concluyeron.
Los sectores involucrados reiteraron su compromiso con la defensa de los principios democráticos y pidieron al Congreso un debate profundo y basado en los mandatos constitucionales antes de aprobar cualquier modificación a la Ley del TSE.
