El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití denunció este jueves lo que consideró “violaciones de los derechos fundamentales” de ciudadanos haitianos en territorio dominicano, al tiempo que expresó su preocupación por las condiciones en las que se están produciendo las recientes expulsiones desde la República Dominicana.
“Las condiciones en las que se están llevando a cabo las expulsiones de estos ciudadanos haitianos son especialmente preocupantes”, expresó el organismo haitiano en un comunicado oficial, en el que llamó a las autoridades dominicanas a respetar los derechos humanos y a priorizar el diálogo bilateral como vía para alcanzar soluciones “duraderas, equitativas y respetuosas con la dignidad humana”.
El CPT también exhortó al propio gobierno haitiano a asegurar un trato digno a los repatriados, subrayando la importancia de cumplir con los principios fundamentales de los derechos humanos en su recepción y atención.
La declaración del organismo haitiano se produce en un contexto de creciente tensión y críticas internacionales hacia la política migratoria dominicana. Este mismo jueves, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, respondió tajantemente a un llamado de Amnistía Internacional, que solicitó detener las expulsiones colectivas y eliminar el protocolo que vincula la atención sanitaria con la deportación.
“Que vayan a trabajar a Haití”, declaró Abinader desde la provincia fronteriza de Dajabón, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.
En la misma jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, también manifestó su inquietud sobre la política migratoria dominicana, en particular por el nuevo protocolo de verificación aplicado en hospitales del país. Según el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, “la medida puede tener repercusiones rápidas y negativas en las personas que buscan atención sanitaria, especialmente en las mujeres a punto de dar a luz, quienes podrían temer acudir a los centros por considerarlos inseguros”.
El protocolo, en su primer día de implementación, resultó en la detención de 87 mujeres haitianas embarazadas, lo que ha encendido aún más las alarmas en organismos de derechos humanos y en la comunidad internacional.
