Dos de los implicados en la presunta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo admitieron este martes su responsabilidad ante el tribunal durante la audiencia de medida de coerción que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Se trata de Andrés Pacheco Valera, exencargado de seguridad de Edenorte, y Ramón Quezada Ortiz, miembro del equipo de seguridad de Edeeste. Ambos reconocieron su participación en la red delictiva señalada por el Ministerio Público.
La estructura, compuesta por militares activos, retirados y empresarios, habría pagado más de RD$100 millones en sobornos para asegurar contratos de servicios de seguridad privada en instituciones estatales como Senasa, Inaipi, Edenorte, Edeeste y Edesur.
Según explicó la procuradora adjunta Mirna Ortiz, el grupo pagaba a funcionarios públicos encargados de contrataciones para obtener ventajas en los procesos. Estas acciones violan la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Durante la audiencia, que se realiza a puerta cerrada ante el juez Rigoberto Sena, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó más de 500 pruebas documentales contra los implicados.
La Operación Lobo fue activada tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por Milagros Ortiz Bosch. Los arrestos se realizaron mediante 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, con el apoyo de 189 agentes y 26 fiscales.
El expediente incluye a más de 15 imputados entre militares, policías y civiles, quienes estarían involucrados en un esquema de pagos ilegales para beneficiar empresas privadas con fondos públicos. La investigación sigue abierta y podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días.
