El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, presentó un informe detallado a la Comisión para el Seguimiento de la Reforma Penitenciaria sobre los avances en la construcción del Centro Correccional Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.
Durante su intervención, Bonilla aseguró que la primera fase de la obra estará completada en junio, y que en agosto el recinto podrá albergar aproximadamente a 2,500 privados de libertad.
El informe fue entregado a la comisión, establecida por el decreto 186-24, que incluye al expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa; al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; al director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín; y a los decanos de ingeniería de las principales universidades del país, como la UASD, UNPHU, PUCMM, INTEC y UNIBE.
Un proyecto en marcha
El ministro Bonilla destacó el esfuerzo del equipo de trabajo, mencionando que alrededor de 360 personas están laborando diariamente en el proyecto, lo que ha permitido que la obra avance según lo planificado. "Definitivamente, la primera fase será entregada antes de agosto", afirmó Bonilla.
Por su parte, Jorge Subero Isa resaltó la colaboración entre la comisión y la subcomisión técnica, liderada por el ingeniero Omar Segura, junto al MIVED. Subero Isa subrayó que este nuevo centro penitenciario contribuirá significativamente a la descongestión del sistema carcelario del país y a la mejora de las condiciones de los internos.
Compromiso con la Reforma Penitenciaria
La ampliación del Centro Correccional Las Parras forma parte de un acuerdo entre el MIVED y la Procuraduría General de la República (PGR) para modernizar y optimizar el sistema penitenciario.
Según este convenio, el MIVED se encarga de la construcción y equipamiento de las instalaciones, mientras que la PGR supervisa el cumplimiento de las políticas de diseño y seguridad.
El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 186-24 emitido el 5 de abril de 2024, estableció que la comisión trabajará junto a las autoridades en los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la puesta en funcionamiento del recinto, así como en la adecuación de la infraestructura rescatable de La Victoria.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la rehabilitación de los privados de libertad y la modernización del sistema penitenciario dominicano, asegurando condiciones dignas y una mejor reinserción social.
