El Instituto Duartiano rechaza con toda energía la nueva andana contra la República Dominicana puesta en práctica por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y con el concurso activo de entidades oficiales y de la sociedad civil de Haití, bajo el argumento de que se deportan embarazadas haitianas hacia su país.
Consideramos que asistimos a otro capítulo de una serie de acciones que, desde hace tiempo, estas entidades echan a rodar al mundo para mantener una injusta campaña de descrédito contra la República Dominicana, país que cuanto ha hecho ha sido prestar la mayor colaboración y asistencia a esa nación vecina, llegando a comprometer de manera considerable su presupuesto general y su territorio.
Nadie ha hecho más por Haití como la República Dominicana y, no obstante, no cesa la aviesa campaña emprendida por la ONU, bajo el estímulo de organismos oficiales y ONG de la vecina nación, los cuales apelan a la falacia para dañarnos.
A todas las personas, incluyendo las embarazadas y otros pacientes haitianos que están de manera irregular en el país, se les brindan las atenciones médicas correspondientes, se les preservan sus derechos fundamentales; pero, llegado el momento del despacho de los centros asistenciales, corren la misma suerte de los pacientes dominicanos que residen en Pedernales, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez o Montecristi, personas que están a la misma distancia que los pacientes haitianos, que han estado en un proceso de parto o no.
La ONU, independientemente de su desatinado pedimento, carece de calidad moral para exigir a la República Dominicana, toda vez que no ha asumido su responsabilidad ante la grave crisis haitiana, pese a los reiterados reclamos que se le formulan ante secuestros, muertes, desapariciones, negación de derechos fundamentales a la población y la carencia de institucionalidad.
La República Dominicana ejerce su facultad soberana de repatriar a su país a todo indocumentado o ilegal, conforme al artículo 3 de su Constitución Política y al propio contenido de la propia Cartas de la ONU, la cual establece en su principio séptimo que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta”.
