La acusación que presentó el Ministerio Público en contra de los implicados en el caso Calamar, en donde figuran como principales involucrados los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, señala que se utilizaron unas seis instituciones públicas, más el banco de Reservas para estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos.
El Ministerio Público establece alrededor de 21 características que utilizó este “holding criminal” para cometer la supuesta estafa.
La acusación explica que el grupo utilizó un organigrama a partir del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto, “con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano”.
Para este supuesto desfalco se creó un “Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000 000 000.00 millones de pesos”, cuyos pagos sirvieron para “una mega operación de lavado de activos”.
Asimismo, establecen que los involucrados falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21 mil millones de pesos de forma irregular.
“Constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel”, dice la acusación.
